Cuando quien legisla no ha creado un empleo en su vida

Javier Benegas y Juan M. Blanco

A los avisos lanzados desde el Partido Popular de que el régimen de autónomos era claramente deficitario en el sistema de Seguridad Social ya se sumó en su día con gran entusiasmo Podemos, y en su último documento, titulado Un país para la gente, tomaban la delantera y decían que era necesario “establecer cuotas a la Seguridad Social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo”. Es la fijación del burócrata: siempre subir impuestos antes que recortar el gasto superfluo. Ahora, Ciudadanos y PSOE también se apuntan a la fiesta señalando con el dedo a los trabajadores por cuenta propia, último reducto de independencia que se escapa al sistemático control y expolio estatal.

Así, uno de los puntos del Acuerdo de Legislatura entre Ciudadanos y PSOE se refiere a los más de 3 millones de trabajadores autónomos de la manera siguiente: “El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) requiere una reforma en profundidad para, entre otras cosas, avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado, en el que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos.”

575.000 autónomos verían incrementada su cotización por encima de 3.000 euros anuales

En otras palabras, Ciudadanos y PSOE proponen una subida generalizada de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos, incremento que según Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), afectaría al 80% de estos trabajadores y que, para aquellos con ingresos reales aproximados de 30.000 euros al año (incluidas cotizaciones), supondría un aumento entre 1.000 y 1.200 euros anuales; es decir, 90 o 100 euros más cada mes. Además, según cálculos del economista Juan Ramón Rallo, colaborador de esta casa, 575.000 autónomos, cuyos ingresos reales exceden los 30.000 euros verían incrementada su cotización por encima de 3.000 euros anuales: nada menos que un aumento de 250 euros cada mes.

Lo paradójico del caso es que tal propuesta se encuentra incluida en el capítulo “Medidas para apoyar a los autónomos y emprendedores”. SiOrwell levantara la cabeza… Además, aquellos cuyos ingresos no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que hasta ahora, por sentencia del Tribunal Supremo, están exentos de cotizar, tendrían que afrontar de manera inmediata el pago de una cotización mínima obligatoria de 45 euros mensuales. A cuenta de todo este despropósito, un destacado personaje ha señalado: “Esto es lo que ocurre cuando quienes legislan no han generado un puto empleo en su vida”. No cabe duda que los firmantes se han puesto de acuerdo sobre lo que hay que hacer con los autónomos: echarles una mano… al cuello.

Los efectos no previstos

Un incremento de las cotizaciones implicará menos ingresos netos y mayor pobreza para aquellos trabajadores por cuenta propia que no puedan repercutir esta subida; o precios más elevados para los consumidores, en el caso de los que sí puedan repercutirla. La disminución de ingresos netos puede implicar que muchos autónomos deban suspender sus seguros médicos privados, sus planes de pensiones, etc., con grave impacto sobre estos sectores y también en el consumo en general. Y todo para tapar un agujero generado por la incompetencia, cuando no codicia, de los políticos.

Los burócratas no son conscientes de que para muchos autónomos puede suponer la diferencia entre continuar con la actividad o tener que suspenderla

Los burócratas tienden a pensar que un incremento de las cotizaciones a los autónomos implica simplemente una mera transferencia de estos trabajadores al Estado. No son conscientes de que para muchos puede suponer la diferencia entre continuar con la actividad o tener que suspenderla. O, para otros, la patada en el trasero que les desplazará directamente a la economía sumergida, con la merma para los ingresos públicos que ello supone.

El actual sistema, en que el autónomo tiene un mínimo de cotización y, a partir de ahí, puede elegir un nivel superior, sin ser perfecto, tiene sus ventajas. Cierto que a menor cotización corresponde una pensión estatal más baja pero, si el trabajador lo considera conveniente, puede colocar la diferencia y en un fondo de pensiones privado. De esta forma, esos recursos, en lugar de ser dilapidados ipso facto por los políticos, acaban constituyendo un fondo de ahorros que, canalizado convenientemente, ayuda a financiar la inversión productiva y el bienestar de la sociedad. Y en lugar de detraer ahorro disponible, tal cual sucede con la financiación del déficit público, contribuye a incrementarlo.

Además, ese fondo de pensiones privado contribuye a flexibilizar la edad de jubilación puesto que su percepción es compatible con un salario. Por el contrario, las pensiones estatales fomentan la retirada del empleo cuando se alcanza la edad legal de jubilación y desincentivan la actividad, pues el Estado puede retirárnoslas si volvemos a trabajar. Por tanto, una parte de los trabajadores pueden continuar produciendo, generando riqueza y contribuyendo con más impuestos, mientras disfrutan al tiempo de un salario y de su pensión privada. No está nuestra economía para dilapidar recursos humanos valiosos, personas con capacidad y disposición para seguir aportando a la sociedad.

Decía Milton Friedman que quienes creen en la aristocracia o en el socialismo comparten la fe en la Administración

Decía Milton Friedman que “quienes creen en la aristocracia o en el socialismo comparten la fe en la Administración, ese régimen burocrático que funciona por órdenes, no por decisiones voluntarias. Ambos afirman que persiguen el bienestar del hombre de la calle y que conocen mejor que éste el interés general y los medio para alcanzarlos. Los dos profesan una filosofía paternalista pero, si alcanzan el poder, acaban por promover los intereses de su propio grupo en nombre del ‘bienestar general'”. Y este es el fondo la cuestión de fondo, el cada vez más intenso paternalismo, el más rígido control de los burócratas y la menor autonomía individual. Todo debe ser controlado por unos personajes que, alejados del mercado, de las complejas interacciones económicas que existen más allá de las paredes de los ministerios, imponen cada vez más trabas, más barreras al común, hasta el punto de que le impiden ganarse la vida dignamente. Obligar a una mayor cotización implica introducir toda la pensión dentro del sistema de reparto, un sistema al albur de decisiones políticas discrecionales que, de forma más o menos sutil, es una moneda de cambio en un sistema clientelar de compra de votos.

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